La actual coyuntura económica en España está siendo enfrentada mediante una batería de medidas que se basan, básicamente, en mejorar la competitividad, para intentar favorecer las exportaciones, y disminuir el déficit fiscal, disminuyendo salarios y contribuciones sociales y aumentando impuestos directos y al consumo, con la esperanza de que produzcan mayores inversiones y creación de empleo.

Ante la inminencia de una nueva reforma fiscal, los datos indican que el Gobierno propone rebajar los tipos altos del IRPF y del impuesto de sociedades, mientras el FMI pide rebajas del salario mínimo y de las cotizaciones sociales y subidas de impuestos indirectos. Estas medidas, no tienen en cuenta el principal cambio estructural que tiene que afrontar el mundo actual: cambio climático y la crisis energética. Estas medidas no solo intentan promover a un mayor consumo de combustibles –principalmente de origen fósile y nuclear– sino que también supondrá un mayor deterioro del sector de mayor crecimiento de la última década y con mayor potencial en el futuro: las energías renovables de origen autóctono.

En lugar de apostar por una imposición basada en subir los impuestos indirectos – básicamente el IVA– o directos –sobre todo el IRPF– por su negativa influencia sobre el consumo, se propone apostar por impuestos energéticos, de manera tal que se mejore la recaudación mientras se induce a reducir al consumo de combustibles fósiles. Adecuadamente diseñados, éstos tienen un menor impacto en la bajada del PIB y el empleo por disminución del consumo, y tienen efectos positivos en la reducción del consumo de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 y los efectos contaminantes que producen, pero también en la disminución de las importaciones de combustibles y de la fuga de divisas que conlleva.

España presenta un caso claro de potencial de mejora de la imposición ecológica: mientras que la media europea es el 5,56 % del total (2,4 % del PIB) y en el Reino Unido representan el 7,42 % (2,63 %), en España es del 4,82 % (1,57 % del PIB).

El consumo de combustibles líquidos, sobre todo el gasoil, debieran ser objetos de subida –adecuadamente compensadas en los casos en que por su impacto económico sea justificado-, así como cambiar el perfil de imposición al consumo de electricidad aumentando el impuesto a la energía consumida y reduciendo el coste fijo que no promueve el ahorro, quizás promoviendo una imposición diferencial al consumo de energía renovables y a la eficiencia energética, por ejemplo mediante descuentos en los impuestos municipales en base a la calificación energética de viviendas y sector productivo. También debiera estudiarse aumentar otros en la misma línea, como por ejemplo la incineración de residuos, favoreciendo el reciclaje y la reutilización de residuos, o el uso de vehículos particulares en ciudades, que favorezca el uso de transporte público, el uso compartido de vehículos particulares, la movilidad eléctrica y la bicicleta. Mientras tanto, algunos impuestos –como los cánones eólicos– debieran ser estudiados a la baja para favorecer desarrollo de estas tecnologías –y su potencial tecnológico y exportador-.